Lo que México prefiere no decir: estos cinco estados necesitan ocupación, no plan de seguridad

Las dinámicas que se profundizarán en 2026

La proyección más realista para el año próximo no es alentadora. En Michoacán, las fracturas internas del crimen organizado que caracterizaron 2025 —disputas por territorio entre cárteles regionales y su competencia con grupos locales— tienden a intensificar la violencia antes de generar equilibrios. Este patrón histórico sugiere que 2026 verá enfrentamientos más agresivos, no una pacificación. En Sinaloa, la captura de grandes capos ha generado un vacío de poder que múltiples actores intentan llenar, multiplicando los puntos de conflicto. Guerrero mantiene una particularidad devastadora: la convergencia entre narcotráfico, minería ilegal y extorsión ha creado una economía de la violencia difícil de desmontar porque opera en varios niveles simultáneamente.

Guanajuato y Tamaulipas enfrentan un desafío diferente pero igualmente complejo. Son territorios de tránsito que han sido disputados intensamente. Durante 2025, la fragmentación de estructuras nacionales grandes ha generado competencia entre actores más pequeños pero más ágiles. En 2026, esperamos una persistencia de esta violencia dispersa, quizás menos visible mediáticamente, pero más destructiva localmente porque ocurre en múltiples puntos sin comando centralizado.

Lo estructural que une estos escenarios es que ninguno de estos estados ha visto avances significativos en capacidades de investigación criminal, inteligencia policial o persecución efectiva de delincuentes. Sin eso, las dinámicas de oferta y demanda del crimen permanecen intactas. El fentanilo sigue siendo rentable. La extorsión sigue siendo viable. El lavado de dinero sigue sin obstáculos relevantes. Las condiciones que generaron la violencia en 2025 seguirán presentes en 2026.

¿Tienen estos estados solución real?

La respuesta honesta es: no la tienen bajo las condiciones actuales.

Pero esto requiere especificidad. Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Guanajuato son territorios donde la inseguridad es una característica del sistema, no un defecto. El crimen organizado es un actor económico y político consolidado. Decir que "tienen solución" implica asumir que es posible remover estructuras que llevan 15 años enraizándose mediante operaciones policiales convencionales o planes de corto plazo.

Lo que estos estados necesitan es una estrategia de ruptura institucional genuina: reformas policiales radicales con purgas masivas, reconstrucción desde cero de sistemas de justicia, inversión económica en alternativas legales sostenidas por décadas, no años. Esto es políticamente casi imposible porque requiere admitir el fracaso completo de estructuras existentes y financiar soluciones que sus resultados no se verán durante un sexenio presidencial.

Dentro de esa realidad difícil hay un matiz importante: estos estados tienen solución si se entiende como un proceso generacional de cambio institucional acompañado por estrategias económicas de inclusión real. Pero soluciones en dos, tres o cinco años bajo esquemas políticos actuales. No. Lo que hay son posibilidades de contención, reducción de violencia extrema y construcción lenta de capacidades que eventualmente podrían cambiar dinámicas.

El Plan Michoacán, ¿modelo o maquillaje?

El Plan Michoacán ha funcionado como una respuesta comunicativa, no como una solución operativa. Su utilidad real radica en que concentró recursos en una entidad que los necesitaba urgentemente. Su limitación es que su diseño responde a dinámicas de 2020-2021, no a la realidad actual donde actores criminales se han adaptado, multiplicado y especificado geográficamente.

Como modelo replicable es insuficiente porque cada estado tiene estructuras criminales diferentes que requieren diagnósticos únicos. Usar el mismo plan en Tamaulipas o Sinaloa es aplicar un paraguas diseñado para una lluvia a una tormenta diferente. Lo que sí puede replicarse es la metodología: diagnóstico profundo, inversión sostenida, combinación de seguridad y economía, construcción de capacidades institucionales.

Como medida paliativa ha tenido cierto efecto en reducir picos de violencia, pero es paliativo en serio: atiende síntomas mientras la enfermedad persiste. En 2026, Michoacán seguirá siendo un laboratorio donde esto será evidente.

Hacia lo viable

Lo único realmente viable en corto plazo es abandonar la expectativa de "solucionar" y asumir una lógica de "gestión de la inseguridad" honesta. Esto significa invertir en víctimas, no solo en criminales. Significa fortalecer policías municipales reales, no fuerzas de ocupación. Significa aceptar que la economía de la droga requiere respuestas desde salud pública, no solo represión. Y significa decirle a la ciudadanía la verdad: estos problemas se resolverán en décadas, no en sexenios. Pero pueden mejorarse hoy.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México.
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